Conmemoran 24 años del asesinato a Manuel Buendía

30/May/08

Conmemoran 24 años del asesinato a Manuel Buendía

(NI). El 30 de mayo, ante el Monumento a Francisco Zarco de la ciudad de México, la Fundación Manuel Buendía, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Artículo 19-México, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) y periodistas realizaron un acto para conmemorar los 24 años del asesinado al periodista Manuel Buendía Tellezgirón.

Durante el homenaje al autor de “Red Privada”, el presidente de la FMB, Omar Raúl Martínez resaltó que esta fecha no sólo es para recordar al destacado periodista, también para hablar de la libertad de expresión, exigir su respeto, demandar justicia y esclarecer los casos de homicidio y agresión registrados últimamente.

En ese contexto, se mencionó que el año pasado se registraron 113 casos de agresiones, amenazas, acechos y presiones públicas contra periodistas y medios de comunicación. Asimismo, se exigió al presidente Felipe Calderón, autoridades estatales y municipales compromiso para hacer valer la constitución y garantizar la seguridad a la labor periodística.

Como ejemplo de la falta de compromiso en el tema, Rogaciano Méndez , representante del SNRP, mencionó que el 29 de mayo entregaron un documento para exigir el cese a la ola de violencia, pero sólo la fiscalía de partes recibió la petición, con esto, resalto que la situación del periodismo mexicano es deplorable.

En la intervención de Artículo XIX se dejo en claro el compromiso para defender la libertad de expresión, por lo que destacó que en quince días dará a conocer los resultados de la Misión Internacional, acto que recorrió entidades como Oaxaca, Guerrero, Sonora, Michoacán y Distrito Federal para verificar, conocer y exponer las condiciones en las que laboran los informadores y las acciones emprendidas por las autoridades.

Finalmente, la FMB propuso federalizar los delitos contra periodistas para garantizar que no se vulnere la libertad de expresión, delinear las reglas para el otorgamiento de publicidad oficial.

Como se recordará Manuel Buendía fue ultimado por la espalda el 30 de mayo de 1984 para evitar que divulgará información sobre los vínculos de altos funcionarios de gobierno federal con el narcotráfico.

En las últimas dos décadas, la figura del periodista se ha erigido como un símbolo del ejercicio crítico de la libertad de expresión en México.

FMB

CAMPAÑA !NI UNO MÁS!

Exigen cese de asesinatos a periodistas

Exigen cese de asesinatos a periodistas

Diferentes organizaciones de reporteros mexicanos se manifestaron en las inmediaciones de la PGR, en la ciudad de México, para demandar garantías para el desempeño periodístico


Iván Quecha Reyna/Redacción ELUNIVERSAL.com.mx
El Universal
Ciudad de México
Jueves 29 de mayo de 2008

13:05
Los ataques contra periodistas se han recrudecido en los últimos años, ya que de 2007 a 2008 se registraron 10 asesinatos y 3 desapariciones relacionados con personal que labora en medios de información, denunciaron organizaciones de reporteros mexicanos.

Durante un acto para recordar el 24 aniversario del asesinato del periodista Manuel Buendía, miembros de diversas organizaciones periodísticas se manifestaron afuera de las instalaciones de la PGR, ubicadas en Paseo de la Reforma 211.

Durante el acto, Rogaciano Méndez González, directivo del Sindicato Nacional de Redactores de Prensa (SNRP), leyó un documento donde exigen el cese de asesinatos a periodistas, el combate a la impunidad por los homicidios y garantías para el desempeño periodístico.

"En los últimos ocho años (2000-2008), han sido asesinados 40 periodistas, y en por lo menos 24 de esos casos, se ha comprobado que los crímenes tuvieron como origen el trabajo periodístico realizado por las víctimas, además ocho colegas se encuentran desaparecidos en ese periodo de administración del Partido Acción Nacional en la presidencia de la República", señaló el documento.

Con respecto a las declaraciones del mandatario Felipe Calderón, donde demandó a los medios de comunicación no "compartir con los criminales las estrategias del terror", el comunicado comentó:

"Señor Felipe Calderón, los periodistas no somos los responsables del clima de violencia e inseguridad que prevalece en el país y que se ha ampliado durante su gobierno. No somos ministerios públicos, no participamos en el combate contra la delincuencia, no procuramos justicia, tampoco somos responsables en la toma de decisiones de gobierno ni portamos armas, para que nos considere corresponsables del clima de inseguridad que usted no ha sido capaz de contener. Tampoco somos enemigos del Estado, somos ciudadanos en ejercicio de su profesión que exigimos garantías para poderla desarrollar".

Durante el acto, Balbina Flores, corresponsal de Reporteros Sin Fronteras, señaló que desde la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra Periodistas -el 15 de febrero de 2006- se han registrado 15 asesinatos de periodistas hasta la fecha.

Finalmente, Federico Chilián, miembro el SNRP, delegación Puebla, manifestó que tras la exoneración de acusaciones de nexos con pedófilos contra el gobernador Mario Marín, éste ha "endurecido" sus acciones contra medios de comunicación independientes y críticos de su administración.

Las organizaciones que se adhirieron al documento entregado a la PGR son: Reporteros Sin Fronteras, Revista Zócalo, Sindicato Nacional de Redactores de Prensa, Artículo 19, Fundación Manuel Buendía, Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación, Centro de Periodismo y Ética Pública, Federación Internacional de Periodistas, Federación Latinoamericana de Periodistas de América Latina y El Caribe, Sindicato Independiente de Trabajadores de Notimex, Delegación Sindical de Radio Educación, Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Diario El Gráfico, Noticiario Frecuencia Laboral, Programa El Fin Justifica Los Medios, y los comunicadores José Reveles, Luis Miguel Carriedo, Graciela Ramírez, Lourdes Garzón, Eréndira Cruz y Víctor Bárcena.

Agreden a editor del Ecos del Valle

A LA OPINIÓN PÚBLICA
Chiapas Hoy
Pág. 9

El Frente de Priodistas de Chiapas expresa su preocupación por los reiterados ataques que contra la familia del director del periódico Ecos del valle (http://www.ecosdelvalle.com/) se han venido enderezando, condena ese tipo de recursos por ilegales y atentatorios y solicita a las autoridades competentes, una investigación a fondo para dar con el paradero de los responsables de dichas actividades.

Las sospechas sobre la procedencia tales ataques, recaen en la autoridad municipal, cuya mala administración ha sido puntualmente señalada por el matutino.

En esa virtud, el Frepech pide, respetuosamente, a las autoridades, una investigación a fondo y castigo severo a los responsables, sean quienes sean.

Por último expresa su solidaridad con el medio ofendido y reitera su disposición de mantener su defensa de la libertad de expresión.

Ángel Mario ksheratto

Presidente

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 25 de mayo del 2008

Fecha de publicación: Lunes, 26 de Mayo de 2008
Ataques a la Prensa

Cobarde atentado de un político mentecato en contra de la prensa de cintalapa

Por: RiSi

http://www.ecosdelvalle.com/

CINTALAPA, CHIAPAS. MAYO DEL 08.- Gajes del oficio,… ataques de mentecatos cobardes que ejerciendo puestos de representación social, se dan a la tarea de dañar la imagen de quienes nos dedicamos a denunciar públicamente a través de la prensa sobre los atropellos, abusos de poder, extralimitación de funciones, deshonestidad, corrupción y fraudes que se cometen en contra de la ciudadanía, especialmente la de nuestro pueblo: Cintalapa.

Recientemente, para ser más exactos durante la semana pasada, en las ciudades de Arriaga y Tonalá, personas plenamente identificadas, distribuyeron un “pasquín”
elaborado, -según lo denunciaron los repartidores-, por un enfermo mental, un paranoico que vive en Cintalapa y está plenamente identificado por ser el enemigo número UNO del pueblo cintalapaneco. El contenido de éste “pasquín” refiere expresiones dignas de un cerebro lleno de excremento, pues en él se trata de desprestigiar a nuestro señor Director General, Don JORGE ALBERTO GONZALEZ y a su distinguida familia; y el caso es que TODOS LOS QUE COLABORAMOS en éste prestigiado diario nos sentimos muy honrados de trabajar para Don “Tito” y sobre todo ejerciendo ésta noble y digna tarea del periodismo; además de sentirnos ultrajados y vejados, porque TODOS nos solidarizamos con la familia GONZALEZ CAL Y MAYOR, reprobando enérgicamente éste acto de difamación y de calumnia; Estamos seguros de quién es el perturbado mental que estructuró éste cobarde ataque y en cuanto se decidan nuestros testigos a señalarlo, si duda que será el final de su corta como inútil carrera política.

Naturalmente que a muchos, a muchísimos y especialmente a los políticos inútiles y corruptos como ésta persona no les agrada que se les denuncie y exhiba públicamente, más aún cuando se señalan sus actos de soberbia, altivez, engreimiento, despotismo, hipocresía, deslealtad, traición, mentira, corrupción, inmoralidad, abuso de autoridad, extralimitación de funciones, incapacidad, incompetencia, ignorancia, nepotismo, tráfico de influencias, y un alto grado de cinismo.

La totalidad del municipio y el pueblo de Cintalapa conocemos la trayectoria personal, familiar, social y laboral del señor JORGE ALBERTO GONZALEZ LARA, quien se ha distinguido por formar un patrimonio con honestidad, ha impulsado una modesta y humilde empresa periodística con la que ha sustentado a su respetable y apreciable familia; muchos son los representantes sociales que pueden avalar su persona y entre ellos se cuentan diputados locales y federales, senadores, gobernadores y sobre todo, la totalidad de la familia periodística chiapaneca y nacional que lo reconocen, pero sobre todo, su alto espíritu periodístico enmarcado con la verdad de las noticias, esas verdades que duelen y calan, que muestran las realidades por más crudas que sean, además de su don de gente de bien.

Atacar con calumnias y difamación a una persona como nuestro Director General y peor aún, señalar a su familia en la forma como se hizo, traerá sus obvias consecuencias legales, al día de hoy, ya estará interpuesta una demanda legal en contra del patán sin cerebro que ordenó la elaboración y distribución del papel difamatorio.

Como es del conocimiento público, desde hace seis meses en nuestro prestigiado Diario Ecos del Valle, permanentemente hemos hecho señalamientos y denunciado en un sin fin de notas la vasta soberbia, altivez, engreimiento, despotismo, hipocresía, deslealtad, traición, mentira, corrupción, inmoralidad, abuso de autoridad, extralimitación de funciones, incapacidad, incompetencia, ignorancia, nepotismo, tráfico de influencias, y un alto grado de cinismo, que caracteriza al bruto de brutos, el químico jiquipilteco ALEXANDER TRINIDAD VASQUEZ, hasta hoy presidente municipal de Cintalapa. En consecuencia y en virtud de que en reiteradas ocasiones hemos recibido amenazas,… aseguramos sin temor a equivocarnos que ésta alimaña ponzoñosa es quien ha vertido todo ese veneno que trata de desprestigiar a la familia GONZALEZ CAL Y MAYOR y a nuestro Diario ECOS DEL VALLE,… no existe nadie más con éste interés, ya que Don “Tito” es altamente apreciado en nuestro pueblo y es por eso que exigimos una inmediata INVESTIGACION para esclarecer los hechos y se castigue con TODO EL PESO DE LA LEY éste abuso, en igualdad de circunstancias, HACEMOS RESPONSABLE AL QUIMICO ALEXANDER TRINIDAD VASQUEZ, de cualquier atropello, “accidente” o agresión que sufra cualquier miembro de la distinguida familia GONZALEZ CAL Y MAYOR y de TODOS LOS QUE LABORAMOS EN ESTE DIARIO, ya que conociendo el probado grado de locura “paranoia y esquizofrenia” que padece el tal ALEXANDER TRINIDAD VASQUEZ, es capaz de cualquier cosa.

Próximamente, EL PERIODISMO CHIAPANECO Y NACIONAL efectuaremos un masivo pronunciamiento en contra de sujetos ruines como el actual presidente municipal de Cintalapa, que en actitud dictatorial se creen dioses y agreden a los que se dejan, no importándoles lesionar a familias enteras abusando del fuero ocasional que ostentan y que además, -dicen-, se apoya en su cuñado que es el actual Secretario General de Gobierno.

Un periodista entre rejas en Guanajuato

Un periodista entre rejas en Guanajuato

Reporteros sin Fronteras pide explicaciones a la justicia federal

Reporteros sin Fronteras manifiesta su preocupación después de que, el 15 de mayo de 2008, confirmaran la detención preventiva de Jesús Lemus Barajas, director del diario El Tiempo, con sede en La Piedad (Estado de Michoacán, Sudoeste). Detenido por la policía el 7 de mayo en Cuerámaro, en el vecino Estado de Guanajuato, donde investigaba el tráfico de droga, le acusan de haberse dedicado al narcotráfico por cuenta de “La Familia”, una rama del poderoso cartel del Golfo.

“Mientras causa estragos una nueva oleada de violencia relacionada con el narcotráfico, salpicada por el asesinato de varios altos responsables policiales, el ambiente es menos propicio para una justicia serena que para los arreglos de cuentas. Por desgracia tenemos motivos para pensar que Jesús Lemus Barajas ha sido víctima, a la vez, de ese contexto y de sus reportajes, sin duda molestos para algunas autoridades. El caso parece muy débil, más que nada porque en ningún momento se ha evidenciado la menor prueba material de la culpabilidad del periodista. Nos sentimos preocupados por algunas revelaciones, que hablan de los malos tratos que ha podido sufrir en su detención, justamente cuando el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos acaba de denunciar que las fuerzas del orden mexicanas practican la tortura. Esperamos, a este respecto, los resultados de la investigación abierta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Igualmente, pedimos a las autoridades federales explicaciones claras y argumentadas sobre los motivos exactos de esta detención”, ha declarado Reporteros sin Fronteras.

El 7 de mayo de 2008, cuando estaba haciendo un reportaje sobre las “rutas del narcotráfico” en el sur del país, Jesús Lemus Barajas acudió a Cuerámaro acompañado de dos de sus fuentes. Unos agentes de la policía ministerial de Guanajuato interceptaron a los tres hombres. Vladimir Camacho, abogado del periodista, ha explicado a la organización que su cliente, y sus informadores, fueron llevados por separado hasta una casa de la periferia de Cuerámaro. Retenidos durante cuarenta y ocho horas sin posibilidad de contactar con el exterior, sufrieron enérgicos interrogatorios durante toda la jornada del 8 de mayo antes de que, al día siguiente, les trasladaran a la cárcel de Puentecilla, donde la Procuraduría General de la República (PGR) se hizo cargo del caso. El 15 de mayo confirmaron que el director de El Tiempo sigue detenido preventivamente.

Según un comunicado de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato, los tres reos están acusados del delito de “instigación a la delincuencia organizada”. Las instancias judiciales del Estado sostienen que Jesús Lemus Barajas y los otros dos acusados “han intentado sobornar a las autoridades locales para llevar a cabo operaciones de reventa de droga”. La PGR, citada en la edición del 17 de mayo del diario Correo de Guanajuato, ha utilizado la misma fórmula, añadiendo que Jesús Lemus Barajas “se habría hecho pasar por periodista” con el objetivo de acercarse a algunos funcionarios de policía y “garantizarse impunidad para las operaciones de reventa de droga” por cuenta de “La Familia”, un clan a sueldo del cartel del Golfo.

En una carta dirigida a los medios de comunicación el 18 de mayo, de la que Reporteros sin fronteras tiene una copia, Jesús Lemus Barajas niega las acusaciones que se le imputan y denuncia las condiciones de sus dos primeros días de detención, durante los cuales le pegaron, torturaron y amenazaron de muerte. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha dicho a Reporteros sin Fronteras que, tras visitarle en la cárcel de Puentecilla, ha abierto una investigación sobre las circunstancias de la detención del periodista. Por otra parte, la CNDH ha señalado que Jesús Lemus Barajas estuvo hablando con funcionarios de la Procuraduría Local de Guanajuato, en el marco de su investigación sobre el narcotráfico en el sur de México.

Jesús Lemus Barajas fundó El Tiempo en 2006, después de estar cinco años colaborando en La Voz de Michoacán y ser corresponsal regular del diario nacional La Jornada. En marzo de 2008, el periodista denunció una campaña de acoso del alcalde de La Piedad contra los medios, que culminó con la detención de dos reporteros de El Tiempo, acusados de “incitación a la rebelión”, cuando cubrían un motín delante del palacio municipal. Jesús Lemus Barajas también criticó la concesión no equitativa de la publicidad oficial de la alcaldía, y algunas actuaciones intimidantes de la policía contra los vendedores callejeros de El Tiempo.



A los medios de comunicación
A la opinión publica

Puentecillas, Gto. 18 de mayo 2008


Agradezco antes, la molestia de destinarle un momento de su tiempo a estas letras, trataré de ser breve, aunque mi situación no lo pueda ser tanto.
No puedo decir que soy un preso político o un perseguido por mis ideas sociales, tampoco me puedo acreditar como un preso de conciencia, pero si como un periodista agraviado por la fuerza exagerada del estado.
Yo trabajo en el periodismo desde hace casi 20 años y nunca había respirado el clima de incertidumbre que se siente entre los que trabajamos bajo el mandato soberano de la sociedad, siendo mensajeros únicamente de lo que pasa en ese tejido.
La libertad de expresión en nuestro país es como una estrella que centella a lo lejos y amenaza con dejarnos a obscuras, como primer síntoma del desmoronamiento de la misma sociedad, porque el estado no ha sido capaz de garantizar las mínimas libertades a la población.
El caso es que desde el día 7 de mayo del año en curso me veo machacado por el agudo engranaje de la justicia en Guanajuato, bajo la acusación de ser parte de una red del narcotráfico en La Piedad, Michoacán, se me ha instruido un proceso penal por los presuntos delitos de delincuencia organizada y delitos contra la salud en la modalidad de fomento, cargos que por su naturaleza y mi condición de hombre recto debo de rechazar, pues aun cuando confió en la justicia de Dios estoy siendo sujeto a las leyes del hombre, es evidente que han confabulado diferentes personas para dar esta envestida moral, no tanto a J. Jesús Lemus, si no a la parte critica de la sociedad.
Señalo que fui secuestrado, violentado y torturado por un grupo de personas que se identificaron como elementos de la policía ministerial de Guanajuato, quienes me mantuvieron incomunicado desde las 12:50 horas del miércoles 7 de mayo hasta las 20:10 horas del viernes 9 de mayo. Trataré de narrar lo que pasó en ese transcurso: al menos 7 elementos de la PGJE de Guanajuato me detuvieron cerca de Cueramaro, donde yo realizaba un reportaje denominado “Las nuevas rutas del narcotráfico”, el que fue solicitado por algunas agencias informativas con las que colaboro, siendo el caso por el que intercepte a un comandante de la PGJE en esa plaza, mismo que me esposo, junto con 2 de mis fuentes informativas, subiéndonos a una camioneta blanca sin identificación oficial de la misma forma , los supuestos policías fuertemente armados, no tenían identificación oficial visible nos trasladaron a la carretera Irapuato-Silao, donde cambiaron de vehículo y nos encapucharon, para llevarnos a lo que al parecer es una casa de seguridad de la PGJE de Guanajuato, allí estuve desde las 14 horas aproximadamente hasta las 16 horas del día siguiente en el transcurso de ese lapso fui torturado física y mentalmente por los que se presume son agentes de la PGJE en todo momento antes de recibir un golpe en cara, en la cabeza, en la espalda, en las manos, en las nalgas, toques en los testículos, me preguntaban por mi relación con las células del narcotráfico y aseguraban que me iban a plantar droga en mi vehículo, cosa que afortunadamente no sucedió.
En el transcurso de estas horas –las mas largas y terribles de mi vida- fui sometido a la voluntad de los policías que me golpearon al no soportar la venda en mis ojos y el agua oxigenada corriendo a través de las fosas nasales, también fui obligado a correr con los ojos vendados y descalzo, esposado, por el cerro en mitad de la noche y mientras algunos elementos de la policía disparaban sus armas a solo centímetros de la cabeza, gritando que corriera y que si les ganaba la carrera me dejarían libre. Después de la tortura fui presentado ante un agente del MP del fuero común, que me notificó que estaban siendo acusado por los delitos arriba mencionados y sin tomarme declaración me remitió al MP federal de León, donde el trato ya fue humano y digno, siendo remitido luego al CERESO de Puentecillas en Guanajuato.
Vivo desde hace días no solo en la celda numero 8 del área de máxima seguridad del penal, si no en la zozobra y angustia de ver la reputación de mi persona en el suelo, y el riesgo que de mi libertad de expresión no pueda ser ejercida como lo plantea la constitución politica del país.
Claro que el caso es una linda oportunidad para destrozarme socialmente y ello lo han conversado a aprovechar algunos de mis retractores, que han comenzado a forzar sus afiladas lenguas sobre mi persona, sin medir el riesgo social que pueda reprendan este hecho, pues así tuviera a -J. Jesús Lemus que es solo un hombre y un hombre en este ejercicio- sino a todo el que ejerce el periodismo como forma de vida y columna integral.

J. Jesús Lemus Barajas

Comunicado de Prensa
Para su difusión inmediata: 16 de Mayo de 2008.

México: Coahuila es el primer Estado en tipificar el delito de homicidio contra personas en función de su actividad dentro del periodismo.

El pasado 13 de mayo, la LVII Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila, aprobó las reformas necesarias para considerar el homicidio de personas en función de su actividad dentro del periodismo. Además, este delito será equiparable a homicidio calificado, esto es, el delito será considerado grave y los responsables podrán alcanzar hasta una pena de 60 años de prisión.





Con la finalidad de implementar mecanismos necesarios para inhibir las conductas que atenten contra la seguridad y la vida de quienes ejercen la función del periodismo, las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia del Congreso del Estado de Coahuila emitieron el dictamen por el que se reforman diversos artículos del Código Penal del Estado de Coahuila, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Coahuila y de la Ley de Asistencia Social para el Estado de Coahuila, mismo que fue aprobado por el pleno del Congreso el pasado 13 de mayo.



Dentro de las consideraciones expuestas en el dictamen, se establece que el asesinato, secuestro, las presiones, la intimidación y la impunidad de los agresores, entre otras, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa.



Con la aprobación de esta iniciativa, el Código Penal preverá el delito específico de homicidio contra personas en función de su actividad dentro del periodismo y se establecerá la aplicación de las mismas penas previstas para el homicidio calificado a los responsables. La iniciativa aprobada establece también la posibilidad de que el Estado brinde asistencia social a las y los dependientes de una persona que haya sido asesinada en función de su actividad dentro del periodismo.



ARTICLE 19 reconoce y celebra esta iniciativa del Congreso del Estado de Coahuila, la cual representa un avance significativo en la protección de la libertad de expresión y prensa.



ARTICLE 19 reitera su llamado a los Estados del país a adoptar todas las medidas necesarias que tengan como fin la prevención, investigación y sanción de toda violación a la libertad de expresión y prensa.


*esta alerta se firma en conjunta con PRENDE.


NOTAS PARA PRENSA

§ Para mayor información favor de contactar a Ricardo González, Oficial de Programa ricardo@article19.org +55 105465000.

§ ARTICLE 19 es una organización internacional de derechos humanos dedicada a la promoción y defensa del derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual consagra la libertad de expresión
§ La Fundación Prensa y Democracia (PRENDE) es una organización de la sociedad civil, sin fines de lucro, que promueve la profesionalización de periodistas a través de la educación y capacitación, así como la investigación sobre los medios de comunicación en México.

Periodistas Agredidos por Agentes de la Policía Federal Preventiva cuando cubrían operativo

El 6 de mayo, cuatro reporteros del periódico El Debate del estado de Sinaloa, fueron agredidos y amenazados por agentes de la Policía Federal Preventiva al momento de cubrir la instalación de un retén en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, esto en el marco de la política de lucha contra el narcotráfico instrumentada por el gobierno federal en México.



México D.F. 8 de mayo de 2008.- Los reporteros Giovanni Elizalde, Leo Espinoza, Juan Almagre y Torivio Bueno fueron agredidos y amenazados por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) cuando cubrían la instalación de un punto de control (retén) en la ciudad de Culiacán, Sinaloa (norte). Elementos de la PFP al percatarse de que uno de los reporteros tomaba fotos, y a pesar de que se identificaron como periodistas, los agentes reaccionaron de manera violenta. De acuerdo con los testimonios recabados, cerca de 10 elementos de la PFP rodearon a los periodistas apuntándoles con sus armas.



Los hechos sucedieron cuando uno de los reporteros captó algunas imágenes con su cámara fotográfica, lo que ocasionó que los elementos de la PFP lo persiguieran hasta las oficinas del periódico. Debido a esto, cerca de 20 elementos rodearon las instalaciones del rotativo y entraron en busca del reportero. Al mismo tiempo, otro grupo de policías federales detuvieron de manera arbitraria e ilegal a Torivio Bueno, quien fue retenido por varios minutos en una patrulla sometiéndolo a golpes, malos tratos y violencia psicológica. Posteriormente fue liberado en una de las calles principales de la ciudad.



En entrevista telefónica una fuente consultada señaló que "existe un miedo latente en los periodistas. No sabemos como van reaccionar (los agentes de la PFP), cualquiera puede ser la siguiente víctima." Esto es muestra del creciente clima adverso para ejercer el periodismo y la inseguridad que se vive en la región, que va en detrimento del derecho de la sociedad a ser informada.



Las organizaciones abajo firmantes condenan enérgicamente estos hechos, los cuales generan efectos negativos e inhibidores en el goce pleno de la libertad de expresión.



Los estándares internacionales de derechos humanos reconocen que el derecho a la libertad de expresión puede ser sujeto a restricciones para proteger entre otros bienes jurídicos como el orden público y la seguridad nacional. Pero para que tales restricciones sean legitimas, deberá de aprobar y cumplir con una serie de análisis y estándares. En particular, cualquier restricción a este derecho fundamental requiere ser prescrito por ley para prevenir cualquier abuso por discrecionalidad o discriminación y, deberá probar su pertinencia en el contexto de una sociedad democrática. Los Principios de Johannesburgo de 1995 establecen una serie de estándares sobre los límites hasta los cuales los gobiernos pueden de manera legítima esconder información al público prohibir la expresión por razones de seguridad nacional.



No existe evidencia que estos principios y análisis pudieran ser aplicados en este caso particular. En su lugar, loas circunstancias que rodearon los hechos ponen al descubierto la arbitrariedad de la acciones, la ausencia del debido proceso y el abuso de poder y autoridad.



Recomendaciones:



ARTICLE 19, el Instituto Prensa y Democracia (IPYS) y la Fundación Prensa y Democracia (Prende) exhortan al Estado Mexicano a realizar una investigación independiente de las agresiones de las que fueron víctimas los reporteros de el periódico El Debate.



Al mismo tiempo, hacen un llamado a las autoridades federales para que establezcan y hagan públicos criterios y principios, de acuerdo con las obligaciones internacionales de derechos humanos en la materia. Estos principios deben ser claros y contener reglas restrictivas mediante las cuales se pueda restringir la libertad de expresión evocando el mantenimiento del orden público y la seguridad nacional.



También se llama a las autoridades federales a capacitar a las fuerzas de seguridad con el objetivo de que los estándares internacionales sobre la utilización de la fuerza, particularmente en contra de las y los periodistas, sean cumplidas a cabalidad para que el Estado de Derecho y la libertad de prensa sean protegidas.



Los abajo firmantes, ofrecen sus servicios para trabajar con las autoridades responsables en el desarrollo de estos principios y criterios, así como en la capacitación de las fuerzas de seguridad.


*Alerta emitida en conjunto con CENCOS, PRENDE e IPYS.

NOTAS PARA PRENSA

§ ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.

* CENCOS fue de las primeras organizaciones que denunció las agresiones contra periodistas en México iniciando está actividad a mediados de los años setentas. Busca promover la libertad de expresión y en específico la libertad de prensa como un derecho individual de los y las periodistas y como derecho colectivo de la sociedad de recibir información.

§ El Instituto Prensa y Sociedad, IPYS, con sede en Lima, Perú, es una asociación que promueve las libertades informativas y la prensa independiente. Para tal efecto realiza reportes de situación en varios países latinoamericanos, elabora estudios especializados, y fomenta el debate sobre el rol de los medios.

§ La Fundación Prensa y Democracia (PRENDE) es una organización de la sociedad civil, sin fines de lucro, que promueve la profesionalización de periodistas a través de la educación y capacitación, así como la investigación sobre los medios de comunicación en México.

Siguen las amenazas

Comitán de Domínguez, Chiapas; 13 de mayo del 2008.

C. Juan Sabines Guerrero.
Gobernador del Estado de Chiapas.

Señor gobernador Juan Sabines Guerrero las amenazas en nuestra contra continúan tal como se han venido realizando desde hace 15 días. Hoy miércoles 13 de mayo por la mañana, recibimos una llamada amenazante, por lo que pedimos su urgente intervención para dar con los autores materiales e intelectuales de estos hechos que nos tienen sumamente consternados.
En la madrugada del miércoles regresamos a nuestras respectivas casas con buen ánimo, después de haber sido atendidos en Palacio de Gobierno, por su secretario particular, Ángel Solís y la directora de atención ciudadana, María del Rosario Pariente Gavito, donde encontramos buena disposición para llegar hasta las últimas consecuencias y poner fin a estos lamentables incidentes.
Sin embargo, a las 08:35 horas, volvimos a recibir una llamada telefónica, lo que nos confunde, atemoriza y causa consternación, porque realmente nos sentimos vulnerados y desprotegidos.
Por lo mismo, clamamos a usted, para que se llegue a las últimas consecuencias y se de con el paradero de los autores de estos hechos que nos tienen sumamente confundidos.
A los compañeros reporteros y columnistas les pedimos por unos días se abstengan a realizar comentarios absurdos y fuera de la realidad. Ya habrá oportunidad para que puedan realizar prolijos comentarios cuando la autoridad detenga a los autores de estas amenazas.
En mi caso yo Dalia Villatoro reitero que no quiero privilegios. No lo merezco ni apelo a estos por mi labor y mi trabajo. Sólo hablo como ciudadana que en estos momentos está pasando por una situación crítica y difícil.
Ojala encontremos respuesta ante esta situación difícil que estamos pasando por nuestro trabajo de reporteros.
Apelamos al Poder Ejecutivo para dar con el paradero de los autores de estas veladas amenazas.

Dalia Villatoro Fredy Martín Pérez.

Exigen periodistas garantías a gobierno de Chiapas

Periodistas de Chiapas exigen a Sabines garantías para realizar su labor

isaín mandujano

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 13 de mayo (apro).- Una veintena de periodistas chiapanecos exigió al gobernador Juan Sabines Guerrero garantías para desempeñar su labor y protestó contra las agresiones perpetradas contra este sector en la entidad.

Denunciaron que en lo que va de la administración de Sabines Guerrero, al menos 15 periodistas han sufrido agresiones físicas e intimidaciones por su labor profesional.

Frente a las oficinas del Palacio de Gobierno, los comunicados exigieron también la renuncia del fiscal especializado para la atención de delitos cometidos contra periodistas, Ignacio Soberano Velasco.

Lo acusaron de actuar de manera “burda” en la investigación de las agresiones que han sufrido los periodistas chiapanecos; además, lo tacharon de inepto, incompetente y de frívolo.

Con pancartas en mano, los comunicadores de Comitán, San Cristóbal y Tuxtla, denunciaron que Soberano Velasco con sus declaraciones públicas ha puesto en mayor riesgo la vida de los reporteros al exhibir detalles de las quejas han presentado.

En ese sentido, Dalia Villatoro, corresponsal del diario Cuarto Poder en el municipio fronterizo de Comitán –donde han ocurrido varias ejecuciones ligadas al narcotráfico--, denunció que tras recibir amenazas de muerte, a través de su teléfono celular, recurrió a la Fiscalía para Periodistas, donde fue atendida por el fiscal Soberano Velasco. A él le narró detalles de la situación por la que ha vivido en las últimas semanas y le presentó una de las amenazas que ha recibido:

"Perra, es la ultima advertencia sabemos todos tus movimientos con quién hablas sigue pidiendo que cuiden tu casa idiota, y a ti y al policía los van a encontrar muertos pendeja, lárgate con tu madre y me saludas al maricón. ¿Ya le dijiste que cuide a su hermano o con el empezaremos? Es la última vez, piénsalo, tienes hasta el sábado."

Agregó que después de percibir que se le pretendía delegar la carga de la investigación y prueba de sus declaraciones, decidió no interponer su denuncia, sin embargo al arreciar las amenazas y hacer pública la querella, el fiscal, para evadir su responsabilidad en el caso, tachó de irresponsable a la periodista por no haber querido interponer su denuncia.

La reportera explicó que no interpuso su demanda por temor; y se quejó de que en lugar de recibir protección y asesoría jurídica, descubrió que en Chiapas “existe un fiscal que ignora cómo abordar estos incidentes”.

La veintena de periodistas en Chiapas, entre corresponsales de medios locales y del Distrito Federal, fotorreporteros y editores, se plantó frente a las puertas del Palacio de Gobierno, donde exigieron una reunión con el gobernador Juan Sabines Guerrero, pero éste nunca salió.

Fredy Martín Pérez, corresponsal de El Universal y editor del Diario Meridiano, de Comitán, exigió la renuncia del fiscal, pues no existe confianza en un servidor público que cuando se acude a él, en vez de dar protección y garantías de seguridad sólo pone en mayor riesgo la vida de los reporteros o los exhibe de forma "burda".

El Ministerio de Justicia, del cual depende la citada fiscalía, se ofreció dialogar con los periodista, sin embargo, Concepción Villafuerte Blanco, editora de La Foja Coleta, de San Cristóbal de Las Casas, rechazó cualquier acercamiento con el titular de esa oficina, Amador Rodríguez Lozano, porque, afirmó, se ha perdido la confianza de las instancias de procuración de justicia en Chiapas.

Insistió en que el fiscal debe renunciar a su cargo y dejar que quien ocupe esa oficina sea una persona que investigue con profesionalismo y “mucho rigor jurídico” cada una de las agresiones a los periodistas chiapanecos que en las últimas semanas se han multiplicado en diversos municipios del estado.

http://www.proceso.com.mx/

Exigen periodistas garantías a gobierno de Chiapas

Los comunicadores señalaron que durante el gobierno del perredista Juan Sabines Guerrero al menos 15 representantes de medios de comunicación han sido agredidos físicamente y sujetos a intimidaciones y acosos

Óscar Gutiérrez / corresponsal
El Universal
Tuxtla Gutiérrez, Chis.
Martes 13 de mayo de 2008

17:53
Periodistas y editores exigieron al gobierno del estado mayores garantías y protección legal para el ejercicio de la profesión, ante las amenazas e intimidaciones de jefes, agentes policiacos, así como de grupos político locales y bandas criminales.

Los comunicadores señalaron que durante el gobierno del perredista Juan Sabines Guerrero al menos 15 representantes de medios de comunicación han sido agredidos físicamente y sujetos a intimidaciones y acosos.

En la concentración, que reunió a una veintena de reporteros y corresponsales en las afueras del Palacio de Gobierno estatal, los manifestantes exigieron la destitución del fiscal especial para la atención de delitos cometidos contra periodistas, Ignacio Soberano Velasco.

Acusaron al funcionario judicial de inepto, incompetente y actuar frívolamente para resolver las denuncias presentadas por el gremio periodístico.

Las reporteras Dalia Villatoro y Concepción Avendaño denunciaron que con sus informes y declaraciones, el fiscal Soberano Velasco ha puesto en riesgo la integridad física de los periodistas.

Villatoro dijo que el fiscal especial pretende que las querellas presentadas por los periodistas aporten datos confidenciales y de investigación, como si a los comunicadores le correspondiera funciones de Ministerio Público.

“Quisiera un poco de mayor seguridad y protección, por parte de las autoridades de gobierno, pero resulta que Soberano Velasco quiere que ponga de testigo a la gente que en un momento determinado me venía a informar y decir cosas”, subrayó.

Fredy Martín Pérez dijo que las amenazas contra comunicadores podrían provenir de corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno, de la Policía Ministerial del estado y de bandas de narcomenudistas que operan en las regiones Altos y Frontera.

Por su parte, el activista y promotor de los derechos de periodistas, Isaín Mandujano, denunció que durante el gobierno del perredista Sabines Guerrero, al menos 15 comunicadores de diferentes regiones de Chiapas han padecido agresiones físicas, acoso e intimidaciones.

http://www.eluniversal.com.mx/notas/506538.html

Denuncian periodistas hostigamiento y amenazas de muerte en Chiapas

Acusaron al fiscal de estatal para la Atención de Delitos contra los trabajadores de la prensa de minimizar y archivar las denuncias.

Angeles Mariscal, corresponsal
LA JORNADA
Publicado: 13/05/2008 19:10

Tuxtla Gutiérrez, Chis. Reporteros de diversas regiones de la entidad realizaron una manifestación en la capital del estado, para denunciar actos de hostigamiento y amenazas de muerte cometidas contra periodistas de la zona fronteriza con Guatemala, donde recientemente han sido ejecutados agentes de la Policía Federal Preventiva.

En la manifestación acusaron al fiscal estatal para la Atención de Delitos cometidos contra periodistas, Ignacio Soberano, de minimizar las amenazas y archivar esta y al menos otras siete denuncias que se han presentado en lo que va del año.

Los reporteros agraviados mostraron los mensajes con las amenazas de muerte que han recibido, y pruebas que podrían involucrar en estas acciones a policías estatales.

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2008/05/13/denuncian-periodistas-hostigamiento-y-amenazas-de-muerte-en-chiapas

Se restringe la distribución de la revista Proceso en Sonora.

Se restringe la distribución de la revista Proceso en Sonora.



México D.F., 13 de mayo 2008.- La edición del semanario impreso Proceso del 27 de abril de 2008, donde en portada se mostraba el gobernador de Sonora (noroeste), Eduardo Bours bajo el título de Narcopoder en Sonora e incluía un reportaje, fue comprada masivamente antes de su distribución en dicho estado.

Entre el 27 de abril y el primero de mayo de 2008, en diversos municipios del estado de Sonora se realizaron compras masivas del ejemplar no. 1643 de la revista Proceso, según información proporcionada por Margarita Carreón, gerente de ventas y mercadotecnia de este semanario a Cencos. Dicho ejemplar, además de contar en portada al gobernador Bours, incluía un reportaje sobre su fortuna, la utilización de su poder político para el beneficio de distintas empresas familiares y la posible relación de éstas con el narcotráfico y lavado de dinero.

A raíz de este artículo, según información publicada por el semanario, personas que dijeron ser empleados del gobierno compraron alrededor de 3 mil 530 ejemplares; esto de manera directa con la empresa encargada de la distribución de la revista en el estado. Algunos ejemplares que lograron circular en locales cerrados, fueron de igual forma adquiridos sin llegar a la venta al público.

La censura previa se vio reforzada por llamadas telefónicas recibidas en la redacción de la revista, las cuales informaban sobre la situación y solicitaban saber sobre próximas fechas en las que enviarían más ejemplares del número. Se presume que estas llamadas fueron elaboradas por empleados del gobierno.

Posterior a este evento, en conferencia de prensa, el gobernador del estado se deslindó de la información publicada en el semanario y aseguró estar en contacto con la Procuraduría General de la República (PGR), a quien le solicitó de manera directa una investigación sobre los señalamientos hechos por la revista.

Este caso tiene como antecedente el decomiso efectuado a la revista Contralínea en el mismo estado en el mes de enero del año pasado por un reportaje en el cual se establecían las intenciones del gobernador por expropiar la Isla Tiburón para beneficio de sus empresas. Al igual que la compra masiva efectuada en octubre del año pasado en el estado de Guanajuato (centro) hacia Proceso. En esa ocasión, la revista publicó un reportaje en el cual se informaba sobre los negocios de la familia Bribiesca (familia de la esposa del expresidente Vicente Fox) y sus nexos con la política.

Para la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos (Corte IDH) la libertad y difusión de las ideas son indivisibles, en los términos del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dicha instancia sostiene que la libertad de expresión no puede ser objeto de medidas de control preventivo.

Los artículos 13.2 y 13.3 de la Convención Americana prohíben explícitamente las restricciones a la libertad de expresión mediante "vías o medios indirectos, encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones". Específicamente, el artículo 13.3 prohíbe expresamente los "controles particulares" con la misma intención. El respeto a la libertad de expresión se extiende a la producción y la difusión del pensamiento, según el concepto de la Corte IDH existe censura previa cuando se afecta una u otra.

ARTICLE 19 y CENCOS reiteran su llamado al Estado, para que de acuerdo con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, se respete el ejercicio de la libertad de expresión y prensa en el estado de Sonora.

http://www.article19.org

Castigarán con 60 años

Castigarán con 60 años a asesinos de periodistas en Coahuila

Tipifican legisladores de las comisiones de Gobernación y Justicia del Congreso del estado este delito como periodicidio

Notimex
El Universal
Saltillo
Lunes 12 de mayo de 2008

19:16
Los legisladores de las comisiones de Gobernación y Justicia del Congreso del estado aprobaron el dictamen para castigar con 60 años de cárcel a los asesinos de periodistas y tipificar ese delito como "perioricidio".

Los 14 diputados de esas comisiones aprobaron por unanimidad el dictamen de la iniciativa de reforma a los artículos 67 y 355 del Código Penal de Coahuila, y este martes será sometido al pleno del Poder Legislativo estatal para su aprobación definitiva.

El coordinador de la comisión de Gobernación, Francisco Saracho Navarro, informó que la reforma al artículo 67 establece una nueva figura delictiva denominada "perioricidio" y lo considera delito grave junto con los de terrorismo y homicidio calificado.

Explicó que en la exposición de motivos del dictamen se señala que no hay sociedades libres sin periodistas libres, por ello la ley penal establecerá la figura de "perioricidio" como delito grave para tutelar de manera relevante el derecho a la información de la sociedad.

Añadió que la reforma establece por vez primera en el país el delito de perioricidio, consistente en sancionar a quienes maten a periodistas con motivo del ejercicio de su actividad y no concederles el derecho a libertad bajo fianza ni otros beneficios procesales.

Expuso que la iniciativa establecerá el derecho de los dependientes del periodista, esposa e hijos, a recibir del estado una pensión vitalicia hasta que los hijos cumplan la mayoría de edad o hasta los 25 años para sufragar gastos de estudios profesionales.

En la exposición de motivos, se señala que la protección a la vida de los comunicadores debe ser una prioridad, pues cualquier asesinato es reprochable, pero cuando se trata de un periodista se vulnera el derecho de los ciudadanos a conocer la información.

nga /fml

Exigen periodistas de Sinaloa

Exigen periodistas de Sinaloa justicia ante agresiones

La Asociación de Periodistas del Paseo del Centenario del sur de Sinaloa pide investigaciones a fondo

Yovana Gaxiola Aldana
El Universal
Mazatlán
Lunes 12 de mayo de 2008

17:39
La Asociación de Periodistas del Paseo del Centenario del sur de Sinaloa demanda justicia y exige a las autoridades federales se investiguen a fondo las agresiones que se han cometido en contra del gremio periodístico.


Las más recientes agresiones fueron las que sufrieron, los reporteros de "El Debate" de Culiacán, Geovanny Elizalde y Toribio Bueno, y la que se perpetró en contra de Leobardo Espinoza y Manuel Prieto Marical, de "Primera Hora", cuando daban cobertura a un hecho.

"Ya basta de impunidad, de discursos superfluos de las autoridades y de agresiones. Los sinaloenses queremos vivir en paz, exigimos justicia de los tres niveles de gobierno y el esclarecimiento total de estos hechos, que no sólo indignan al gremio periodístico, sino a la sociedad en general".

Se vive una ola sangrienta, donde las ejecuciones y amenazas son el pan de cada día, y el ejercicio periodístico se torna cada vez más riesgoso.

Las autoridades anuncian e implementan estrategias con mira al combate de la violencia, pero pareciera que nadie hace nada, ante el reto abierto de los delincuentes, que mantienen asolada la ciudad de Culiacán.

"Basta recordar el asesinato de nuestro compañero reportero gráfico, Gregorio Rodríguez Hernández, ocurrida el 28 de noviembre de 2004 en Escuinapa; la desaparición de Alfredo Jiménez Mota el 2 de abril del 2005, y ahora, el pasado 6 de mayo de este año, las agresiones contra los compañeros reporteros de "El Debate", de Culiacán, Geovanny Elizalde, Toribio Bueno y Leobardo Espinoza."

Tampoco hay que olvidar las agresiones que recibió el compañero de Primera Hora de Culiacán, José Manuel Prieto Mariscal, el 13 de mayo del 2007, por militares que participan en la BOMU -Base de Operaciones Mixtas Urbanas-.

Además, de las acciones acontecidas el 16 de octubre contra el reportero gráfico de "El Debate", Martin Urista, quien fue detenido por elementos de la AFI, y al reportero de "El Debate"de Los Mochis, Luis Fernando Nájera, detenido por policías ministeriales.

nga /fml

Dos periodistas hostigados, uno detenido por policías federales en México

Dos periodistas hostigados, uno detenido por policías federales en México
Nueva York, 7 de mayo de 2008—El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) está sumamente preocupado por denuncias sobre el ataque a tres reporteros que cumplían con su labor por parte de agentes de la policía federal en Culiacán, capital del estado norteño de Sinaloa.
Cerca de las 5:30 p.m. del martes, tres periodistas del diario El Debate salieron a informar sobre un operativo montado por agentes de la policía federal a una cuadra de las oficinas del periódico. Cuando los reporteros comenzaban a tomar notas y fotografías, los agentes federales se pusieron agresivos y comenzaron a empujar y a patear a los periodistas, ordenándoles a detener su trabajo, el editor del diario, Rosario Oropoza, indicó al CPJ. Los agentes también habrían levantado sus armas de alto calibre. Dos de los reporteros, Leo Espinoza y Geovanny Elizalde, lograron evadirse y pudieron correr de regreso al diario. Cerca de seis agentes los corrieron detrás.
Un tercer periodista, Torivio Bueno, también se escapó pero fue atrapado por agentes, obligado por uno de ellos a subir a camioneta Ford y conducido durante 10 minutos por Culiacán, Bueno señaló al CPJ. Bueno, un periodista de 30 años quien cubre la fuente policíaca, dijo que fue esposado, ubicado boca abajo en la camioneta y pateado en forma reiterada. Al menos un agente, Bueno explicó al CPJ, le apuntó con un rifle y amenazó con dispararle. Eventualmente, al periodista le permitieron abandonar el carro a unas 10 cuadras de las oficinas del diario. Los agentes nunca se identificaron ante Bueno, subrayó el periodista.
Agentes federales permanecieron afuera de las oficinas del periódico durante por lo menos 40 minutos, el personal de El Debate señaló al CPJ. Se marcharon cuando periodistas de otros medios llegaron a cubrir el incidente.
Una operadora en las oficinas de la policía federal en Sinaloa explicó no había nadie disponible para comentar sobre lo ocurrido cuando el CPJ la contactó el miércoles en la tarde.
“Estamos indignados por el ataque contra los reporteros de El Debate y profundamente preocupados por la detención y supuestos abusos sufridos por Torivio Bueno mientras se encontraba bajo custodia de la policía federal”, declaró Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. “Las autoridades mexicanas deben llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre este incidente”.
El periódico denunció el ataque ante la comisión estatal de derechos humanos y autoridades federales. Oropoza indicó al CPJ que un vocero de la policía federal se comunicó con él y le explicó que se trataba de un error y que los agentes se encontraban agitados por la muerte de varios colegas durante el pasado fin de semana.
México es uno de los países más peligrosos para periodistas en América Latina, según la investigación del CPJ. Tres periodistas y tres trabajadores de prensa fueron asesinados en el 2007, mientras que tres reporteros desaparecieron. Desde que la guerra entre poderosos carteles de la droga se intensificó hace más de dos años, los reporteros que cubren estos temas han sido víctimas de amenazas y asesinatos.
El CPJ es una organización independiente sin ánimo de lucro radicada en Nueva York, y se dedica a defender la libertad de prensa en todo el mundo. Para más información visite nuestro sitio Web www.cpj.org.
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María Salazar
Researcher, The Americas
Investigadora, Las Américas
Committee to Protect Journalists (CPJ)
330 Seventh Avenue, 11th Floor
New York, NY 10001
Tel.: 1 (212) 465-9344, Ext. 118
Fax: 1 (212) 465-9568
E-mail: msalazar@cpj.org
Web: http://www.cpj.org

Lydia Cacho : "Todos moriremos, pero...

07/5/2008

ENTREVISTA CON LYDIA CACBHO, PERIODISTA MEXICANA GALARDONADA CON EL PREMIO CASA AMÈRICA A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Lydia Cacho : "Todos moriremos, pero yo sé quién quiere asesinarme"

Lydia Cacho, ayer. CATALINA GAYÀ
BARCELONA
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO EN MÉXICO D.F, EN 1963.
TRAYECTORIA ES PERIODISTA Y DIRIGE UN CENTRO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN CANCÚN (MÉXICO).

En el 2005, la periodista mexicana Lydia Cacho se atrevió a denunciar en el libro Los demonios del Edén a los cerebros de una red de pederastia, pornografía infantil y turismo sexual. Cacho puso nombre y apellidos a los pederastas. Desde entonces ha sido secuestrada, torturada y solo la ha salvado la movilización social. En abril, ganó el Premio Mundial de la Libertad de Prensa Unesco-Guillermo Cano 2008. El lunes llegó a Barcelona para recoger el III Premio Casa Amèrica a la Libertad de Expresión.

--Explíqueme a qué se enfrenta.
--Escribí un libro sobre abuso sexual y redes de pornografía infantil en México y, a raíz de haber escrito ese libro, los personajes que aparecen en él, y que son los que manejan la red, se aliaron con un gobernador Mario Marín, de Puebla y con políticos poderosos para encarcelarme y torturarme. Quieren que me retracte del contenido del libro y la historia se quede aplastada como millones de historias en México.

--Otro caso de políticos corruptos y criminales que se dan la mano.
--Lo que sucede es que mi caso llegó a la Suprema Corte de Justicia en buena medida por la solidaridad de los movimientos sociales. Además, la Cámara de Diputados reaccionó ante unas llamadas escandalosas que se publicaron y evidenciaron cómo se aliaron el gobernador y este mafioso, y cómo este le dio órdenes a otra persona para que yo fuera torturada y violada en la cárcel.

--Y al final, hasta negaron la existencia de las redes de pederastia.
--Siete abogados y dos políticos, entre ellos Emilio Gamboa, coordinador del PRI, lograron cabildear para que seis ministros, entre ellos las dos únicas mujeres, se retractaran y protegieran al gobernador.

--¿Cómo pudo sobreponerse?
--Esa noche me llamó una de las niñas que había recibido abusos durante años y me dijo: 'Es que los jueces dijeron que lo que nos pasó no es cierto'. Lo único que se me ocurrió decirle fue que algo que me dijo mi madre una vez: 'Te quitaron ya mucho, no dejes que te arrebaten tu derecho de estar viva'.

--¿Se puede hacer algo?
--Mientras estos grupos de poder, que en realidad son un puñado de hombres cuyos nombres conocemos todos, sigan manejando el país, muy poco se podrá hacer. Puedes cambiar leyes, crear refugios, pero, al final, si no sale esta gente del poder público, no hay mucho que hacer en México.

--¿Nunca la paraliza el miedo?
--He aprendido a conocer el miedo de tal manera que ya no me asusta. Sé que están ahí, no lo niego, y sé que mi cabeza tiene un precio. La única manera que he encontrado para seguir gozando de la vida, sabiendo que me pueden matar, es justamente disfrutando y no pensar mucho en ello. Todos nos vamos a morir; la diferencia es que yo sé quién quiere deshacerse de mí y que puede ser mañana o nunca.

--El Gobierno español le ha ofrecido la posibilidad de vivir en España...-
--Mire, ya me han arrebatado muchas cosas y no quiero que me arrebaten el derecho a vivir en mi país. Que se vayan los malos.

--¿Son los premios un salvavidas?
--No, no son un salvavidas. Anna Politkóvskaya ganó muchos premios y la mataron. Cada vez que gano un premio todos me dicen: 'Se lo dimos a Ana'. Ha sido muy fuerte porque yo voy detrás de ella.

--¿Se siente utilizada por el presidente Felipe Calderón?
--No me siento utilizada porque nunca tuve esperanza. Felipe Calderón llegó a marchar contra el Gobernador que ordenó mi secuestro, pero eso era durante la campaña. Él mismo me dijo: 'Te doy mi palabra de que se hará justicia. Si no te cumplo, cuando sea presidente, vas y me devuelves mi palabra'. Ya hice mi cita para devolverle su palabra.

--Algo tiene que cambiar.
--Mire, la sociedad mexicana es como una mujer maltratada, y estos 300 hombres que controlan México son el maltratador.

HOY, DÍA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA

PERIODISTAS MUERTOS EN CHIAPAS

Arturo García, periodista revolucionario que había dirigido Regeneración y Chiapas Nuevo, pasado por las armas el 16 de septiembre de 1930 con otros dos, miembros de la oposición al gobernador Raimundo Enríquez.

Jorge Alejandro Flores, corresponsal de El Heraldo en San Cristóbal las Casas, atacado a tiros cuando daba serenata a una dama por celos del padre o esposo.

Eneas Cano Zebadúa, muerto en diciembre de 1963, asesinado en Bachil de cinco tiros; no era periodista pero La Voz del Sureste le había publicado colaboraciones.

Carlos Escobar Cruz, muerto en febrero de 1964, era alcalde de Tehuantepec pero había sido corresponsal de La Voz.

Alonso Rodríguez Gamboa murió a consecuencia de un accidente en abril de 1991 pero los familiares acusaron a los médicos del IMSS por desidia.

Arturo Urbina Estrada, director del Más Allá, de San Cristóbal, fue asesinado en febrero de 1963 en San Cristóbal al parecer por un cliente, ya que era abogado.

Antolín Balboa, director de El Demócrata, asesinado con arma blanca a fines de abril de 1973 en Arriaga.

Efraín Villatoro Hidalgo, subdirector en Tapachula de El Sol del Soconusco, victimado el 10 de octubre de 1973 en sus oficinas.

Ronay González Pérez, jefe de redacción de El Mundo, de Comitán, asesinado en los talleres del periódico el 13 de julio de 1988.

Humberto Gallegos Sobrino, asesinado a golpes el 8 de abril de 1989 en Tuxtla, y después aplastado por un vehículo.

Alfredo Córdova Solórzano, director de Unomásdos de Tapachula, victimado a balazos por ladrones en su casa el 6 de julio de 1990.

Fernando Preciado Escobar, hallado muerto el 3 de enero de 1992 cerca del río Texcuyapan. Había trabajado para La Opinión de la Costa en Tapachula.

Ramón Silviano de la Mora y Flor de María Zapata Ledesma, asesinados en Guatemala en 1992.

Roberto Mancilla Herrera, muerto en Tapachula el 2 de febrero de 1993.

Rosendo Pardo Ozuna, columnista de La Voz del Sureste, atropellado.

En las listas de Política y Derechos Humanos http://www.tlahui.com/perioe2.htm y de Periodistas sin Fronteras aparece el nombre de Ramón González, de Comitán, muerto en 1988.

Chiapas ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con 12 muertos en su historia reciente, pero están adelante Tamaulipas, la Ciudad de México y Sinaloa.

“Que los asesinados no mueran”

Carlos Moncada O.

(Libro en proceso e impresión)

Periodistas, bajo amenaza de muerte

Comitán de Domínguez, Chiapas, 2 de mayo del 2008
Al presidente Felipe Calderón Hinojosa

Señor presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, hoy 3 de Mayo que se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, le queremos exponer nuestro caso que estamos viviendo en Comitán de Domínguez, lugar de nacimiento del senador Belisario Domínguez.
Resulta que por nuestro trabajo periodístico, hemos sido emplazados por grupos soterrados que fueron “rescatados” de los oscuros sótanos y ahora parecen estar arropados de “poder”, y por lo mismo, han empezado a atacar nuestro trabajo y lanzado amenazas de muerte en nuestra contra, todo porque les incomoda nuestra labor diaria, a la que ven un riesgo para sus intereses económicos.
Estos grupos no toleran la crítica y ante el más leve señalamiento lanzan amenazas como un intento desesperado, como si pretendieran perpetuarse en el poder.
Jamás en los últimos años habíamos vivido en Chiapas tal situación de amenaza a nuestro ejercicio reporteril, porque ni las organizaciones armadas clandestinas, como el EZLN y el EPR, mucho menos las células que dirigen los señores Osiel Cárdenas Guillén, Joaquín Guzmán Loera y los hermanos Arellano Félix, han actuado, en el caso de Chiapas, como lo hacen estos reductos de delincuentes que se esconden para lanzar amenazas.
Hoy estos grupos que se creen intocables parecen haberse emborrachado de poder y por lo mismo actúan de forma cobarde, lo que representa un grave atentado a la libertad de expresión, sobre todo hoy que se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Por esto, señor presidente Felipe Calderón Hinojosa, demandamos que la Procuraduría General de la República (PGR) inicie cuanto antes una profunda investigación y se ponga a un alto a este grupo delincuencial, que desde enero de este año parece ser intocable.
Señor presidente Felipe Calderón Hinojosa como hemos dicho en estas líneas queremos que nuestro trabajo se respete en Comitán de Domínguez, proclamada “Cuna de la libertad de expresión”, por haber sido el lugar de nacimiento del procer Belisario Domínguez.
Si verdaderamente se quiere avanzar en la transición política, hoy más que nunca el Estado mexicano está obligado a brindar todas las garantías para el ejercicio periodístico, como una base fundamental para construir la democracia y la convivencia.
Jamás se debió empañar esta celebración con el cruento asesinato de las locutoras Felicitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino, de 21 y 24 años de edad, de la Voz que Rompe el Silencia de San Juan Copala, Oaxaca, ocurrido en días pasados.
En el caso de Chiapas, estos grupos no sólo están operando en Comitán de Domínguez, y así, se han documentado agresiones en contra de otros compañeros, como el del articulista Roberto Domínguez Cortés, que fue agredido el pasado jueves en la capital del estado Tuxtla Gutiérrez, hecho que merece ser investigado a profundad para castigar a los responsables de este incidente.
Asimismo el compañero Fredy López Arévalo, director de la revista Jovel y del diario Expreso de Chiapas, fue amenazado por Óscar Domínguez, alias “El Puma”, un ex comandante de la Policía Judicial y ex espía de Mario Lescieur Talavera, diputado federal y actual secretario particular del diputado local por el municipio de Teopisca, Sergio Lobato García.
El compañero López Arévalo ya interpuso denuncia formal ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra periodistas, en contra de Domínguez.
Nosotros lamentablemente, hasta ahora, no se nos ha brindado la debida atención en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra periodistas, que se ubica en la capital del estado Tuxtla Gutiérrez, porque los ministerios públicos prácticamente nos han pedido que hagamos el trabajo de ellos y llevemos a comparecer a los autores materiales e intelectuales de estas amenazas.
Insistimos señor presidente Felipe Calderón Hinojosa en demandar justicia y respeto a nuestro trabajo periodístico en este lugar, que se ha convertido en un verdadero peligro para el verdadero desempeño laboral
Mientras en Chiapas y en México el ejercicio periodístico se vea amenazado, entonces no podemos celebrar este 3 de Mayo como el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Señor gobernador Juan Sabines Guerrero, usted que ha sido respetuoso de la libertad de expresión, y ha mostrado voluntad para resolver algunos casos en contra del ejercicio reporteril, para que otorgue garantías al ejercicio periodístico en este rincón de México.
Pedimos que instruya al Ministro de Justicia, Amador Rodríguez Lozano a que actué conforme a Derecho, en contra de estos grupos que obstaculizan el libre ejercicio de la libertad de expresión en Comitán de Domínguez, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez.
En estos ochos años de incipiente transición política, el papel de los medios es fundamental para lograr su construcción, por lo que de existir una amenaza en contra del libre ejercicio, entonces sólo se le está retrasando su arribo.
Señor presidente Felipe Calderón Hinojosa y señor gobernador Juan Sabines Guerrero, sólo queremos ejercer libremente nuestro trabajo periodístico, aquí en Comitán de Domínguez, en San Cristóbal de las Casas y en Tuxtla Gutiérrez.


En ustedes depositamos nuestra confianza.
Atentamente
Dalia Villatoro Fredy Martín Pérez

C.c.p. CNDH
C.c.p. Reporteros Sin Fronteras.
C.c.p. Organismos no gubernamentales.

Golpean a articulista de Cuarto Poder

ISAÍN MANDUJANO/APRO
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 01 de mayo (apro).- Crítico de los gobiernos de Pablo Salazar Mendiguchía y ahora del actual mandatario Juan Sabines Guerrero, el columnista de Cuarto Poder, Roberto Domínguez Cortés fue agredido de “un garrotazo” este jueves mientras corría en un parque deportivo de esta capital.
Como todas las mañanas, Domínguez Cortés acudió a hacer ejercicio en el parque deportivo Caña Hueca, pero a diferencia de otros días, hoy al menos dos personas que simulaban hacer trotar en sentido contrario se le fueron encima con un garrote en mano.
Con el madero pretendieron darle en el rostro, sin embargo, al esquivarlo solo pudieron asestarle el golpe a la altura de la frente. El periodista cayó y rodó para evitar fuera pateado como suponía.
Al ver el incidente, un grupo de personas que conocen al articulista intervino inmediatamente, por lo que sus agresores huyeron del lugar con rumbo desconocido.
El médico Juan de Dios Domínguez, que justo hacía ejercicio en ese parque deportivo, socorrió en Domínguez Cortes, para trasladarlo a una clínica privada.
Según su médico, Hernán León Velasco del Sanatorio Paredes, sufrió traumatismo craneoencefálico, presentó mucho sangrado y se le ha diagnosticado un coágulo de sangre que deben drenarle.
Amigos , familiares y compañeros del gremio periodístico acudieron al hospital privado para solidarizarse con el agraviado.
En tanto que el Ministro de Justicia del Estado, Amador Rodríguez Lozano, dijo en un comunicado que “se está investigando la agresión de la que fue víctima el columnista… quien ya rindió su declaración ministerial de los hechos y ha sido atendido por el Fiscal de Delitos Cometido contra Periodistas para dar con los responsables de tan lamentable acto que atenta contra la libertad de expresión”.
Domínguez Cortes fue asesor jurídico del diario local que se distinguió por su animadversión al gobierno de Salazar, luego de que sus editores, Conrado de la Cruz y María Morales, fueran víctimas de actos de persecución, hostigamiento, encierro y despojo de sus propiedades en el sexenio del 2000 al 2006.
El articulista chiapaneco fue también perseguido en el sexenio pasado en un caso judicial, mediante el cual se le pretendía despojar de la patria potestad de sus nietos a su hijo Roberto Domínguez. Derivado de ello, sufrió cateos a su domicilio, vigilancia policiaca y otros actos de hostigamiento judicial.
En mayo del año pasado, en ese mismo parque donde fue agredido hoy, Domínguez Cortés se topó con el gobernador Pablo Salazar y tras ofenderse verbalmente ambos, el exmandatario salió huyendo custodiado por sus guardaespaldas.
Desde hace unas semanas, el articulista de Cuarto Poder dejó de publicar en el diario, luego de que lanzara fuertes críticas al gobernador Juan Sabines Guerrero así como a algunos de sus colaboradores y amigos como el titular del Ministerio de Justicia, Amador Rodríguez Lozano y el senador del PVEM, Manuel Velasco Coello.
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Programa de radio Palabra Libre donde se abordó esa agresión.

http://miguelgonzalezalonso.com/palabralibre/wp-content/uploads/palabra/pl01mayo08.mp3

Estas son algunas de sus más recientes columnas críticas a algunos personajes de la política local. Pero ha sido un duro crítico del sexenio pasado y del actual gobernador Juan Sabines Guerrero, del alcalde de Tuxtla, Jaime Valls Esponda; del titular del Ministerio de Justicia, Amador Rodríguez Lozano; del senador del PVEM, Manuel Velasco Coello y otros

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS CUARTO PODER
25 de enero del 2008
Hojas Libres

Ministerio de Justicia por la represión

Amador Rodríguez quiere aprehensión

El 8 de agosto de 2006, 42 elementos de la policía judicial y de seguridad pública catearon mi domicilio. Fue una de las tantas barbaries alentadas y ejecutadas desde la represión y la venganza de Pablo Salazar. Bastó una sentencia de carácter civil, para que un mercenario de la procuración de justicia, Orlando Fonseca Tapia, integrara en tan sólo 3 días una averiguación previa por privación ilegal de la libertad y obtuviera del juez de consigna Walter Constantino Vleeschower la orden de cateo. Fue el pretexto ideal para secuestrar a los menores Roberto y María Fernanda Domínguez Zozaya.

Desde el proceso judicial familiar todo fue absolutamente irregular. La señora Rocío del Carmen Zozaya Bassoul demandó a Roberto Domínguez Moscoso por controversias del orden familiar. La ignorancia y la complicidad de la Juez primero de lo familiar, Norma Acuña Velásquez, fue determinante. A Roberto Domínguez Moscoso jamás se le notificó que había una demanda en su contra y fue sentenciado a la entrega de sus menores hijos sin que fuera requerido oficialmente. La juez Norma Acuña actuó con dolo y mala fe. Bajo la aberrante argucia de que Roberto Domínguez Moscoso no había concurrido a juicio, doña Norma (que sólo por nombre debería ser respetuosa de la ley) ordenó proceder a notificarle por edictos en el Periódico Oficial del Estado.

Sólo que la juez evadió las disposiciones legales. El Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, ordena que la primera notificación deberá ser ineludiblemente en forma personal. Las notificaciones por edictos en el Periódico Oficial sólo son procedentes cuando se trata de personas inciertas o se desconozca su domicilio de manera absoluta. Roberto Domínguez Moscoso siempre ha vivido en Tuxtla, su domicilio es ampliamente conocido, su centro de trabajo bien ubicado y sus hijos acudían con toda regularidad al Colegio Bilingüe Americano Emilio Rosenblueth.

La sentencia del Juez Primero de Distrito Jorge Carenzo Rivas dejó en evidencia la incompetencia de la juez Acuña: "La falta de notificación personal constituye una de las violaciones procesales más graves de las Garantías del gobernado." Esto quiere decir que a Roberto Domínguez Moscoso se le negó su Garantía de Audiencia. De manera irregular fue sentenciado sin haber sido oído ni vencido en juicio. Pero las pifias de Norma Acuña continuaron. En el colmo decretó arraigo a los 2 menores de edad (era la segunda vez) y la Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia revocó una resolución expedida tan a la ligera. Sin ninguna justificación ordenó la comparecencia y otra vez la sala civil le enmendó su pésimo proceder. Norma Acuña fue recusada y también la sala civil dispuso que ya no podía seguir en conocimiento de un juicio tan pésimamente llevado. Con 4 enmiendas en una sola controversia, seria suficiente para destituir a Norma Acuña y sujetarla a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Por falta de observancia a la ley, el Juez Primero de Distrito ordenó a Norma Acuña reponer el procedimiento a partir del ilegal (sic) emplazamiento. Con ello quedaba sin efecto la ilegal sentencia de fecha 3 de abril de 2006. Se exoneraba así a Roberto Domínguez Moscoso de cualquier responsabilidad civil o penal que pudiera tener, además de que nunca existió el delito de privación de la libertad.

Por esa circunstancia, la juez Norma Acuña comunicó a Orlando Fonseca Tapia de la existencia del Amparo, la anulación de la sentencia y que el juicio de controversias del orden familiar quedaba bajo la jurisdicción del juzgado primero de lo familiar. Ni más ni menos. Que penalmente nada hay que perseguir y todo queda en el ámbito civil. Así de claro. Y aún sin delito de por medio, Orlando Fonseca Tapia consignó la averiguación previa al juzgado primero penal y solicitó orden de aprehensión en contra de mi esposa Gloria, de mi hijo Roberto y del suscrito por el delito de sustracción de menores. Así lo informó Fonseca Tapia al juez segundo de distrito apenas el 3 de enero de 2008.

Lo grave de esta nueva aberración de la procuración de justicia en Chiapas es que el informe al juez segundo de distrito se dio ya con la anuencia de Amador Rodríguez Lozano como Ministro de "Justicia." O sea, la amenaza y la represión como forma de disuasión de la Libertad de Expresión. Sabe Rodríguez Lozano que no hay y nunca ha habido delito, y ordena a uno de sus esbirros informar a la autoridad federal que en cualquier momento puede ejecutarse una arbitraria orden de aprehensión. Sumado a la represión tampoco hay capacidad. Amador Rodríguez ni siquiera ha sido ministerio público como para justificar su estancia en lo que debería ser una auténtica representación social de los chiapanecos, además de que como bajacaliforniano desconoce en absoluto nuestro Estado.

Sólo en Chiapas ocurren esas cosas. Exactamente por el mismo asunto se juzga a la misma persona en dos jurisdicciones diferentes. A Roberto Domínguez Moscoso se le imputa una causa penal con delitos inventados, mientras un juez familiar, con base en la ley, tiene bajo su competencia dirimir un conflicto de orden familiar.

Mantener abierta una averiguación previa y en el exceso solicitar y solapar una orden de aprehensión sin ningún fundamento, hace a la autoridad acreedora a que se le inicie una averiguación previa. Así lo estipula el Código Penal, al tipificar que son delitos cometidos en la administración de justicia, cuando se conozca de negocios para los cuales se tenga impedimento legal para ello. Amador Rodríguez y Fonseca Tapia, en éste juicio en particular, no son autoridades competentes como lo manda el artículo 16 de la Carta Magna. Se han excedido en sus facultades, no son jueces de lo familiar y sin embargo en uso y abuso del poder se han inmiscuido en una controversia que corresponde exclusivamente a la autoridad civil.

Esa es la nueva justicia que esperan los chiapanecos.

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ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS
CUARTO PODER
4 de febrero del 2008
Hojas Libres
Amador Rodríguez, otra vez el engaño
Ordenes de aprehensión sin sustento

En entrega anterior hice referencia a la solicitud que Orlando Fonseca Tapia dirigió al juez penal con sede en Cintalapa para pedir se librara la correspondiente orden de aprehensión en contra de mi esposa, mi hijo y del propio suscrito. Carente de toda ética profesional y calidad moral y sin ningún sustento jurídico, Fonseca Tapia consignó una averiguación previa en la que jamás existió delito, pero si acaso hubiera existido, el juez primero de distrito concedió "el Amparo y Protección de la Justicia Federal a Roberto Domínguez Moscoso y en representación de sus menores hijos Roberto y María Fernanda Domínguez Zozaya."
Lo grave es que el propio Ministro de "Justicia" Amador Rodríguez Lozano participa del engaño y la farsa con que su subordinado Orlando Fonseca se ha conducido ante los tribunales federales. El pasado 24 de enero, Rodríguez Lozano hizo una visita de cortesía a las instalaciones del Cuarto Poder. Con debida anticipación, comedidamente la profesora María Morales Ruiz me comentó que en la primera oportunidad preguntaría a Amador por el curso de la averiguación previa. Pedí no hacerlo puesto que la justicia federal se encargaría de poner las cosas en orden.
Más adelante la profesora me dijo: "De todos modos ya pregunté a Amador por tu situación jurídica y la de tu familia, y me dice que no hay nada. Que no hay ninguna averiguación previa. Y que en todo caso el juicio puede seguirse por la vía civil." Evidentemente Rodríguez Lozano mintió y engañó a la directora del Cuarto Poder. Apenas con fecha 3 de enero de 2008, el MP Orlando Fonseca Tapia rindió informe al Juez Segundo de Distrito J. Martín Rangel Cervantes por el cual hace de su conocimiento que la averiguación previa ha sido consignada "ejercitándose la acción penal, instruida por el delito de Privación de la Libertad en su modalidad de Sustracción de Menores en contra de Roberto Domínguez Moscoso, Roberto Guadalupe Domínguez Cortés y Gloria Moscoso Pohlenz en agravio de los menores Roberto y María Fernanda Domínguez Zozaya, para efectos de que previo análisis se sirva librar la correspondiente orden de aprehensión en contra de los citados inculpados."
La confusión premeditada llegó también a la Asociación Mexicana de Editores (AME) por las informaciones contradictorias entre lo manifestado por Amador Rodríguez Lozano y lo publicado en Hojas Libres el 25 de enero anterior en las que se denunciaba una triple orden de aprehensión. En el homenaje a Conrado de la Cruz Jiménez, Gabriel Ibarra Bourjac, secretario técnico de la AME, expresó la preocupación de la organización por la existencia de la averiguación previa y las ordenes de aprehensión denunciadas. Por supuesto que Ibarra Bourjac fue muy claro cuando dijo que no se trataba de avalar impunidades y que de haber incurrido en desacato a la ley, había que responder por los hechos imputados. Pero también advirtió que si no había materia para sostener una investigación penal, la AME pugnaría por el respeto irrestricto a la ley.
Lo cierto es que durante meses, el ministerio público con la venia de sus superiores, ha engañado al Juez de Distrito. Al existir un Amparo absolutorio automáticamente queda sin efecto la sentencia civil que dio origen a la inventada averiguación previa, pero además hay un comunicado de la Juez Norma Acuña por el cual hace saber a la autoridad ministerial que la sentencia ha sido declarad a nula, y por tanto el juicio se reinicia bajo la potestad y jurisdicción exclusiva del Juzgado Primero de lo Familiar.
Primero Orlando Fonseca informa al Juez Segundo de Distrito que no es posible determinar el No Ejercicio de la Acción Penal, y después, ya urgido por la autoridad federal se le exige que diga sí hay delito o no hay delito, después de meses de poner toda clase de trabas para esconder información. Y finalmente manifiesta el 3 de enero que la averiguación previa ha sido consignada.
Aberración de aberraciones y todo un caso para la procuración de justicia en Chiapas. Con la misma sentencia del 3 de abril del 2006, al margen de la ley y sin tener competencia el MP Fonseca Tapia, se juzga simultáneamente en la vía penal por sustracción de menores y al mismo tiempo se ventila un juicio de Guarda y Custodia en un juzgado familiar.
De ahí que quienes han obrado con dolo y mala fe, para mantener en la incertidumbre jurídica a los perversamente señalados como indiciados, han incurrido en delitos perfectamente tipificados en el Código Penal y en delitos previstos en la Ley de Amparo por rendir informes incompletos y manipulados ante el Juez de Distrito.
Ahora Orlando Fonseca trata de justificar su penosa actuación ante el Juez Federal, con el cuento de que rindió un informe incompleto "para guardar la debida secrecía y sigilo" en virtud de que el suscrito como inculpado no tuviera [yo] conocimiento del asunto. Ya se habrá dado cuenta que mi familia y yo jamás nos hemos escondido. Que seguimos la rutina y las actividades normales de todos los días. Que infinidad de veces he estado en las oficinas de Fonseca Tapia para solicitarle información muchas veces negada. Y que la última vez que estuve en el ministerio pregunté a una de las auxiliares -en frente del mismo Fonseca- que sí ahí despachaba un tal Fonseca Tapia, un delincuente que se dice ministerio público. Ampliaremos...

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ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS CUARTO PODER
11 de febrero del 2008
Hojas Libres
El pueblo murmura y no lo ve bien
Nepotismo y prostitución institucional
A mediados de 1978 el presidente José López Portillo llamó a Jesús Reyes Heroles, Secretario de Gobernación, para preguntarle su opinión sobre un movimiento que pensaba hacer en el gabinete presidencial. Pensaba incluir a Rosa Luz Alegría Escamilla como la primera mujer en la historia de México en ocupar una secretaría de Estado. Sin sorpresa Reyes Heroles fue lacónico y directo: "Señor Presidente: el pueblo murmura, y usted sabe a lo que me refiero. El pueblo murmura señor Presidente."
La referencia era directa. Reyes Heroles tenía como subsecretario de Gobernación a don Fernando Gutiérrez Barrios, el hombre leyenda con el privilegio de la información de los entresijos del sistema político mexicano y de las virtudes y debilidades de sus principales actores, desde 1952 en que se incorporó como jefe de Control de Información de la entonces Dirección Federal de Seguridad. Un ex gobernador de Chiapas refiere que cuando López Portillo, ya Presidente electo, Gutiérrez Barrios se presentó ante el presidente Luis Echeverría para informarle que Rosa Luz Alegría era más que una simple colaboradora de campaña de López Portillo.
La noticia era dolorosa para el Presidente al que sólo quedaban cinco meses en la casa presidencial de Los Pinos. José López Portillo había sido su amigo de infancia, de juventud, de estudios y de un viaje a Chile. Y Rosa Luz fue su nuera, esposa de Luis Vicente su hijo mayor.
La actitud de López Portillo formaba parte del ritual sexenal a que los presidente se sometían a un febril amor, paralelo al de de la consorte. Durante el sexenio del presidente Fox, el pueblo que no se equivoca acuñó la frase que resumía la vida amorosa de 177 años de vida republicana sobre las prácticas sexuales de los gobernantes: "Antes los presidentes entraban con esposa y salían con amante. Ahora -en referencia a Vicente Fox- entran con amante y salen con esposa."
Por tradición, la usanza viene desde el imperio de Iturbide en el primer momento de la independencia, acaso el más siniestro de los cónyuges en la historia de México. Alucinado por María Ignacia "la Guera" Rodríguez, cometió el acto de mayor perfidia que se registra. El libertador -lo fue por conveniencia- falsificó una carta en la que su esposa Ana María Josefa Ramona -a la que siguen 5 apellidos- se dirigía supuestamente a uno de sus amantes. La traición fue suficiente para que don Agustín obtuviera el divorcio y procediera al encierro de su esposa en un convento. En abono -si cabe- a la mala conciencia de Iturbide, hay que rescatar la parte institucional. Con toda la carga pasional del fugaz emperador ni siquiera pensó ungir emperatriz a "la Guera" Rodríguez ni menos conferirle responsabilidad pública alguna.
Fue precisamente la frivolidad de José López Portillo que lo llevó a los extremos de nombrar Secretaria de Estado a su protegida predilecta. Después de la plática con don Jesús Reyes Heroles -el pueblo murmura- éste abdicó a la Secretaría de Gobernación en mayo de 1979, y en agosto de 1980, López Portillo entregaba en señal de amor la titularidad de la Secretaría de Turismo. Don José cometía el incalificable atentado en contra del pueblo mexicano al cederle a su inspiradora funcionaria la cogobernación de la República. El status cuasi conyugal de la pionera Secretaria le permitía inmiscuirse en otras áreas del gabinete presidencial. Se inauguraba así en la República la prostitución institucional.
En el exceso, el entonces Presidente utilizó el nepotismo y las relaciones de alcoba para operar su propia sucesión presidencial y mandar el ominoso mensaje a la Nación. Nombró al orgullo de su nepotismo José Ramón López Portillo, su hijo, subsecretario con Miguel de la Madrid, igual que subsecretaria a Rosa Luz Alegría para acercarlos convenientemente con el que sería el próximo Presidente de México. Sólo que Rosa Luz no era cualquier subsecretaria. Era la encargada de organizar las inútiles y fastuosas reuniones de la República en las que los tres poderes, el gabinete en pleno y todos los gobernadores rendían culto a las veleidades presidenciales. El intento no prosperó. Rosa Luz y José Ramón se quedaron en el desempleo después de 1982.
Los casos de confusión entre el ejercicio del poder y el uso de las sábanas a gran escala los inició López Portillo. Más de un obnubilado gobernante se niega a aceptar que el cargo tiene fecha de caducidad y actúan como si fuera vitalicio. Cuando vuelven a la realidad se encuentran en desgracia social, vilipendiados, humillados y sobre todo señalados a perpetuidad. Sólo es cosa de esperar pacientemente (don Pepe López es el mejor ejemplo). Varios casos ilustran la herencia lopezportillista. Un gobernador de Tamaulipas de los años noventa cometió el desacato de imponer como alcaldesa de Nuevo Laredo a quien en ese momento se le relacionaba sentimentalmente.
Muy cerca aquí en Chiapas, Pablo Salazar abusó de sus escarceos amorosos. Patricia Flores Gutiérrez usufructuó durante seis años cargo público generosamente retribuido. El abuso y el beneficio alcanzaron a su familia con concesiones al trasporte público, cambio de la humilde residencia y el aseguramiento económico por el resto de la vida.
El modelito patentado por López Portillo ha sido adoptado en más de una ocasión. Se hacen reformas administrativas que no obedecen a las necesidades de la administración sino al deliberado propósito de beneficiar con quien se comparte más que una relación laboral. De nuevo se recurre al expediente de elevar una oficina de tercer nivel al rango de Secretaría y la pretensión de nombrar Secretaria a quien no cubre el mínimo perfil: sin trayectoria, un nivel intelectual ínfimo y no se sujeta a los requisitos de edad que exige la Constitución.
La vida privada es respetable y allá cada quien su vida. Pero la cosa cambia cuando a partir del abuso de poder, las relaciones extra maritales pasan por la nómina, y sobre todo sin merecimiento a la favorita se le acomoda en la alta burocracia. El asunto privado se convierte en una cuestión de Estado que interesa y pasa a ser del dominio de los ciudadanos y los electores. Crear burocracia innecesaria es una forma de gastar los dineros del pueblo para beneficio de un circulito y en detrimento de obras públicas y sociales.
Todos los estados de la República tienen un sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Se entiende que uno de sus postulados fundamentales es la integración familiar y destruir el abominable hábito de la violencia familiar. Por el contrario, conductas opuestas llevan implícito el germen de la desintegración familiar y una forma encubierta de violencia familiar. Los acalorados reclamos se vuelven cosa de todos los días. Y curioso, durante la presidencia de López Portillo se cambió la denominación del Instituto Nacional de Protección a la Infancia (INPI) por el de DIF, como concepto más amplio de familia y más allá de la atención exclusiva a la niñez. Son pues los propios promotores de la integración familiar, los primeros encargados en destruirla.

Cobra pues vigencia la sentencia del ideólogo, historiador y político Jesús Reyes Heroles: "Otra vez el pueblo murmura y todos saben a lo que me refiero." Ampliaremos...

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ROBERTO DOMíNGUEZ CORTéS
Cuarto Poder
20 de febrero del 2008

Hojas Libres

Ministerio de Justicia y de traiciones

Amador Rodríguez el gran ausente

Cuando se integró el equipo de Amador Rodríguez Lozano para seguirlo como Ministro de Justicia, dos nombramientos llamaron la atención: el de Gilberto Monzón Velasco como Fiscal General Adjunto, segundo en el mando de la procuración de justicia, y el de Guillermo Penagos Villar, Fiscal de Distrito Metropolitano y sucesor de Marcelo Vega. Hasta ese 1 de noviembre de 2007 no se le conocía a Monzón Velasco relación alguna con el sabisimo a través de Rodríguez Lozano, y menos experiencia alguna que acreditara y justificara su presencia en encomienda tan delicada en funciones de representante social.

La razón es simple. A Gilberto Monzón y a Penagos Villar siempre se les identificó con la causa de José Antonio Aguilar Bodegas, como candidato del PRI a la gubernatura del Estado. Socios en el despacho que ambos mantienen en el Mirador a unos cuantos pasos de la casa de gobierno, pusieron su experiencia jurídica-electoral al servicio de José Antonio para desvirtuar el reconocimiento a Juan Sabines como gobernador electo. Parte de la trama ocurrió en el hotel Palapa Palace del fraccionamiento la Herradura el 25 de agosto de 2006.

Reunidos en esa ocasión Gilberto Monzón, Guillermo Penagos, Mario Carlos Culebro, y el suscrito en funciones de representante de la coalición PRI-PVEM ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) los actuales altos funcionarios del Ministerio de Justicia emitían variadas opiniones sobre como evitar que el Consejo General del IEE entregara a Juan Sabines la constancia de mayoría que lo acreditaba como Gobernador electo. Los argumentos urgían. El domingo 27 de agosto había sesión de Consejo General para reconocer el triunfo de Sabines. En opinión de Monzón y de Penagos no procedía la entrega de la constancia de mayoría a partir de la interpretación del párrafo 28 del artículo 19 de la Constitución de Chiapas y de los artículos 251, 252 y 253 del Código Electoral. El razonamiento de Monzón Velasco y Penagos Villar se reducía a que mientras existiera una sola impugnación, el IEE quedaba imposibilitado para extenderle reconocimiento alguno a Sabines. Y el candidato del PRD estaba impugnado en los 24 distritos. Y si alguien sabía de lo que hablaba era precisamente Gilberto Monzón. Había sido presidente del Instituto Estatal Electoral.

Más adelante volvieron a simpatizar con la causa priísta. El diputado federal Mario Carlos Culebro Velasco, se inconformó ante el Tribunal Federal Electoral (TRIFE) por la arbitraria decisión de Arely Madrid de incluirlo hasta el octavo sitio de la lista de candidatos a diputados plurinominales locales. Su defensa al igual que la de Aguilar Bodegas la llevaron Gilberto Monzón y Guillermo Penagos. Sólo que en ésta ocasión ya se percibió un cambio significativo. Mario Carlos fue abandonado a su suerte. Guillermo Penagos jamás le volvió a contestar el teléfono para cuando menos informarle como iba su causa en el TRIFE. Se infiere entonces que de pronto hubo buenas perspectivas en el Ministerio de Justicia. La elección de diputados locales fue el 7 de octubre, y apenas 24 días después, el uno de noviembre, Monzón y Penagos se trepaban al Ministerio santanista de Amador Rodríguez Lozano.

La inclusión de Mauricio Mendoza Castañeda como director Jurídico Normativo del Ministerio de Justicia, es otra de las pifias en la nominación de los colaboradores más cercanos de Amador Rodríguez Lozano. El popular "Mau" -ahora miau- fue el autor de la fallida Controversia Constitucional para evitar que la "Chacha" Pariente asumiera como presidenta municipal de Tuxtla Gutiérrez. Medianamente informado de las sutilezas del Derecho Constitucional se le olvidó agotar el principio de definitividad ante la Sala Superior del Supremo Tribunal de Justicia.

Comprometido hasta el tuétano con la causa Joseanista, Mauricio Mendoza fue el encargado de "armar" toda la defensa ante el TRIFE para revertir el resultado electoral del 20 de agosto de 2006. Y después de que el TRIFE validó la elección de gobernador, Mendoza Castañeda distribuyó un cuadro comparativo en el que resaltaba las casillas anuladas a Andrés Manuel López Obrador -sobre todo en rincón Chamula- y que sin embargo en la elección del 20 de agosto, por las mismas causas, el TRIFE determinó la improcedencia de anular las mismas casillas para la elección de Gobernador.

Pero Mauricio Mendoza fue todavía más allá. En el fragor de la contienda electoral utilizó la propaganda negra en contra de Juan Sabines, con un video que en su leyenda final sentenciaba: "¿Esto es lo que quieres para los próximos seis años?" Después traicionó al PRI desde su condición de representante ante el Instituto Estatal Electoral. Pero esa es otra historia.

Y lo grave es que Amador no sabe, no tiene tiempo y no puede controlar la actuación de sus subordinados. Mientras el gato sale los ratones hacen fiesta. Más preocupado por sus intereses en Baja California se desentiende de sus deberes fundamentales como el Ministerio Público de los chiapanecos. Desde el jueves en la tarde, o a más tardar el viernes, atraviesa la República de extremo a extremo para estar entre los suyos los fines de semana. Y todo con cargo al bolsillo de los chiapanecos.

Para viajar utiliza -igual que Pablo Salazar- indiscriminadamente el equipo aéreo del gobierno del Estado. Queda a su disposición por todo el fin de semana el Lear Jet, XE, extra coca, HHJ hotel, hotel, Julieta, como usufructuario dispendioso en el ejercicio del poder. Para Mexicali en viaje redondo desde Tuxtla son ocho horas de vuelo. El costo por hora es de dos mil dólares, lo que quiere decir que cada viaje del señor Ministro le cuesta al Estado algo así como 180 mil pesos. Y mientras aquí el Ministerio -para decirlo en lenguaje aeronáutico- camina por instrumentos.

¿Estará enterado Amador Rodríguez lo que hacen sus fiscales durante sus ausencias y aún en su presencia? Si no lo sabe aquí se lo diremos en próxima entrega. Sería lamentable que se enterara por este medio y no por estar pendiente de su delicada encomienda. Ampliaremos...

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ROBERTO DOMíNGUEZ CORTéS Cuarto Poder
14 de marzo del 2008

Hojas Libres

Libertad de Expresión y Derechos Humanos

Obligada reserva de fuentes de información

Creo que la expresión sí puede ser un error, jamás un delito. Debemos detener las persecuciones y atropellos contra los periodistas. Es preferible el exceso en el ejercicio de un derecho, que limitar la cabal expresión de las libertades.

Francisco Zarco

Hace dos semanas se llevó a cabo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, un encuentro entre diversos comunicadores y la Comisión de Seguimiento por las Agresiones a Periodistas, presidida por el diputado Gerardo Priego. "Crimen Organizado y Abuso de Poder: Retos y Futuro de la Libertad de Expresión en México" fue el título del evento al que concurrieron conferencistas expertos en el tema, además de la presentación de ponencias en la que se denunciaron los usos autoritarios del poder.

Llamó la atención que durante una de las intervenciones se pidiera la creación de una Fiscalía especializada para atender los asuntos relacionados con agresiones a periodistas y medios de comunicación. Se olvidó que desde el 2005, la Fiscalía propuesta se creó a iniciativa de la Asociación Mexicana de Editores (AME) y la Procuraduría General de la República (PGR). El antecedente se dio a raíz del asesinato de Raúl Gibb Guerrero propietario de Opinión de Poza Rica y Guadalupe García Escamilla periodista en radio de Tamaulipas, la desaparición de Alfredo Jiménez Mota en Sonora y la persecución en contra de Cuarto Poder de Chiapas.

Reunida en pleno la estructura de la PGR con todos los sub procuradores y el Comité Ejecutivo Nacional de la AME, el procurador general Rafael Macedo de la Concha, instruyó a los sub procuradores Gilberto Higuera Bernal de Control Regional y Amparo, y Mario Álvarez Ledesma de Derechos Humanos, para presentar a la brevedad una propuesta encaminada a salvaguardar los derechos de los periodistas. Fue así como surgió la Fiscalía especializada en el país desde tres años antes de la que ahora se ha propuesto su creación. Durante semanas, cada martes, en la sede de la sub procuraduría de Derechos Humanos se reunía una comisión de la AME con los dos sub procuradores para afinar los detalles de la futura Fiscalía.

Paralelo a ésta Fiscalía se creó además un Centro de Atención Ciudadana para los casos vinculados con periodistas, bajo la responsabilidad de la propia sub procuraduría de Derechos Humanos. El paso era trascendental y se trataba de una innovación, a partir de que el propósito fundamental era otorgar protección y seguridad contra ataques, intimidaciones, amenazas y el respeto a las fuentes de información. Esto último, incluso aún antes de que se dieran los primeros encuentros entre la Procuraduría General de la República y la Asociación Mexicana de Editores.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 11 de diciembre de 2002, el general Rafael Macedo de la Concha emitió el Acuerdo A/118/2003 por el cual se establecen los lineamientos a observar tanto por parte del Ministerio Público Federal, como de la Agencia Federal de Investigación para proteger las fuentes de información de los periodistas cuando se les requiera como testigos. Hasta antes de éste Acuerdo, no se conocía en toda la República disposición similar alguna. Por el contrario, se amenazaba con averiguaciones previas y cárcel a quien tuviera información privilegiada que no pudiera documentar su origen. Por eso ahora que algún despistado funcionario se ha presentado como pionero del respeto a la confidencialidad de las fuentes de información ha llegado con un lustro de retraso.

Para quien no entiende de Libertad de Expresión y Derecho a la Información, la sola invocación a respetar las fuentes de información va mucho más allá de cualquier pose retórica-demagógica. Para quienes tanto la manosean y no la entienden, la Libertad de Expresión es un derecho humano fundamental reconocido en diversas declaraciones y tratados internacionales que protegen los derechos y deberes del hombre. Es un derecho Constitucional de libertad para buscar, recibir y difundir toda clase de informaciones que interesan a la sociedad, sin que pueda reconvenirse a sus autores por el hecho de denunciar gobiernos represores y arbitrarios.

De ahí que las declaraciones de principios sobre Libertad de Expresión, son un llamado universal a que a todo comunicador social se le tiene que respetar su decisión de mantener en secreto sus fuentes de información. El acuerdo en mención es categórico en éste sentido: "El periodista o comunicador en cuestión, no podrá ser obligado a declarar respecto de sus fuentes de información." E incluso, la simple citación a comparecer como testigos los periodistas que posean información obtenida en el desempeño de su actividad, queda sujeta a determinados requisitos que el Ministerio Público Federal está obligado a observar: "Que de las constancias de la averiguación previa se desprende que el testimonio del periodista o comunicador pueda ser de importancia esencial para el perfeccionamiento de la averiguación previa." Con ello se evita que el representante social proceda a inútiles citatorios con evidente propósito intimidatorio como muy a menudo ocurre.

Pero además hay otra prevención para que el Ministerio Público pueda justificar la comparecencia: "Que la citación no ponga en peligro la integridad psicofísica del periodista o comunicador, de su familia o de sus fuentes de información... y además no se ponga en riesgo la seguridad de otros periodistas."

Así, mientras el país avanza hacia otros estadios de desarrollo social y político, aquí se juega al libre ejercicio periodístico, se perfeccionan los métodos de censura y se advierte que hay periodistas non gratos que no caben en ningún medio. Ampliaremos...

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